La Asociación de Profesionales de PAMI (APPAMIA) lleva adelante una medida de fuerza nacional tras rechazar la última oferta salarial del organismo. Reclaman el incumplimiento de los incrementos en la cápita y advierten que la crisis prestacional se profundiza con la baja de más de 15 contratos en la provincia.
Los profesionales médicos de PAMI iniciaron un nuevo paro de 72 horas -desde el miércoles hasta el viernes- en reclamo por la situación salarial y el incumplimiento de los aumentos escalonados acordados en la cápita, la medida con la que se pagan las prestaciones. La medida de fuerza, convocada principalmente por la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), profundiza un conflicto sostenido desde abril tras la implementación de la Resolución 1107, la cual, según denuncian los médicos de cabecera, implicó una quita del 52% en sus remuneraciones.
Tras una reunión mantenida a nivel nacional entre las autoridades del organismo, encabezadas por Esteban Leguizamo, y el sindicato, PAMI ofreció un incremento de $3.000 para los médicos de cabecera y $500 para los odontólogos a partir de octubre. Desde el gremio consideraron la propuesta como insuficiente, señalando que no cubre los gastos operativos de los consultorios y que el sector odontológico percibe valores desactualizados -de unos $370 por cápita-, lo que genera demoras de hasta seis meses en diversas especialidades.
A este escenario de tensión salarial se suma en Mendoza la baja de contratos de más de 15 profesionales médicos, ya sea por haber iniciado acciones legales contra la obra social o por decisión propia de abandonar el sistema. Desde el gremio advirtieron además sobre supuestas represalias a representantes gremiales mediante la quita de contratos o reducción de cápitas, lo que sobrecarga aún más a los prestadores activos que deben absorber a los pacientes desplazados.
Durante los días de paro, el servicio se resiente mediante la reprogramación de turnos, la retención de firmas de órdenes electrónicas y la atención limitada al mínimo contractual de dos turnos por jornada más urgencias, derivando la demanda general al servicio de emergencias. No obstante, los profesionales aclararon que el acatamiento no es generalizado debido a la precariedad de los ingresos y al temor de perder los pocos recursos disponibles.