El Gobierno provincial rechazó un recurso presentado por un subcomisario que exigía anular una resolución previa de la Inspección General de Seguridad (IGS) y lograr una revisión completa de sus calificaciones correspondientes al proceso de promociones policiales del año pasado, al considerar que sus antecedentes no habían sido valorados de manera correcta.

Tras un análisis exhaustivo del expediente a cargo de los equipos técnicos y legales del Ejecutivo, se determinó que el proceso de evaluación cumplió de forma estricta con todas las normativas vigentes, según se oficializó este miércoles en el Boletín Oficial.

El dictamen gubernamental respaldó el accionar de la Junta de Calificaciones, al señalar que el organismo actuó dentro de los márgenes legales establecidos para evaluar la conducta, los antecedentes y el desempeño de los uniformados en sus respectivos cargos.

Asimismo, las autoridades provinciales aclararon que el efectivo policial se limitó a expresar su disconformidad con la nota numérica otorgada por los evaluadores, sin aportar pruebas concretas sobre errores materiales ni demostrar la existencia de arbitrariedades en el procedimiento de evaluación.

Con la firma de este decreto, la vía administrativa quedó completamente cerrada para el oficial, por lo que la única alternativa que le resta en caso de querer insistir con su reclamo es recurrir a la vía judicial.