En busca de la verdad
En busca de la verdad
El máximo tribunal abrió un trámite especial a pedido de Mendoza y la Nación para apartar al Juzgado Federal de Santa Rosa, que había dictado una cautelar contra el Decreto 982/2026. La norma presidencial asigna el 100% de los fondos a Mendoza.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso institucional decisivo para concentrar la competencia sobre la disputa interprovincial por los recursos que genera el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles. El máximo tribunal abrió un incidente procesal especial en la causa que enfrenta a Mendoza con el Estado nacional y corrió vista formal a la Procuración General de la Nación para que emita su dictamen técnico, una maniobra que apunta a neutralizar la medida cautelar dictada por la Justicia federal pampeana y absorber la definición de todo el diferendo bajo su órbita exclusiva.
El conflicto cobró renovada tensión a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 982/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. Aquella disposición derogó el régimen de reparto paritario vigente desde 1973 —que fijaba una distribución del 50% de las regalías para cada jurisdicción— y dictaminó que la totalidad de las rentas hidroeléctricas futuras sean percibidas exclusivamente por Mendoza, bajo el fundamento técnico-territorial de que la totalidad de las presas, saltos y usinas sobre el río Atuel están asentadas en suelo mendocino.
Frente a la quita de los ingresos, el Ejecutivo de La Pampa presentó una acción de amparo ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, logrando que el juez Juan José Baric dictara una cautelar urgente para suspender la aplicación de la norma presidencial y congelar la distribución de fondos. De inmediato, tanto la Asesoría de Gobierno de Mendoza como los letrados del Estado Nacional solicitaron la incompetencia e inhibición del magistrado pampeano, fundamentando que la discusión entre provincias y la Nación reviste carácter de competencia originaria de la Corte Suprema, de acuerdo con lo normado por la Constitución Nacional.
Con la apertura del trámite y el giro de las actuaciones a la Procuración para su dictamen de rigor, el máximo tribunal dio una señal explícita de avocamiento, desarticulando los intentos de dirimir el caso en instancias inferiores. Aunque todavía resta que los ministros de la Corte se expidan sobre el fondo de la titularidad de los recursos, la medida judicial unifica el tablero legal en Buenos Aires y deja al borde de la nulidad la resolución cautelar dictada en territorio pampeano.
