El reconocido empresario de la noche mendocina y creador de la Vendimia Gay, Ricardo "Tito" Bustos, fue autorizado por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos a salir del país durante tres meses para radicarse temporalmente en Barcelona, España. La medida fue concedida bajo estrictas reglas de conducta, en el marco de la causa penal que lo investiga por los presuntos delitos de administración fraudulenta en concurso real con falsedad ideológica. La autorización quedó formalizada en una audiencia ante la fiscal Mariana Pedot, luego de que el Ministerio Público aceptara la solicitud, pese a la rotunda oposición de la querella representada por el abogado Lucas Colucci.

Para hacer efectivo el viaje y mantener su libertad durante el proceso, la Justicia le impuso a Bustos una serie de requisitos ineludibles. Entre las condiciones más destacadas se encuentra la constitución de una garantía económica personal o real de 15 millones de pesos, la cual ya fue rendida. Además, debió presentar los comprobantes de compra de los pasajes de ida y vuelta, informar los datos precisos de su residencia temporal y comprometerse a mantener activa su línea de celular argentina vía WhatsApp para asegurar su localización y participación en eventuales audiencias virtuales. También quedó obligado a pedir permiso antes de realizar nuevos viajes internacionales.

El origen de la imputación, impulsada por la fiscal original de la causa Susana Muscianisi y avalada por el fiscal en jefe Alejandro Iturbide, radica en una presunta maniobra irregular con el histórico inmueble de la calle Rioja donde funcionaba el tradicional boliche Treinta y Pico. Esta propiedad constituía el principal activo de Proyecto Omega SA, una sociedad creada en 2005 e integrada originalmente por Bustos, Sandra Mabel Miranda y Ángel Ramón Silicato, quienes poseían un tercio del paquete accionario cada uno.

Según la reconstrucción elaborada por la fiscalía, tras adquirir la parte de uno de los socios fundadores, Bustos habría logrado una posición dominante dentro de la empresa y avanzó con la venta del inmueble en junio de 2022. La investigación sostiene que la operación se concretó por un monto económico irrisorio, muy por debajo del valor real de mercado, y sin contar con las autorizaciones societarias correspondientes, lo que generó un grave perjuicio patrimonial para la socia restante, Sandra Miranda.

Para concretar la liquidación de la propiedad, el Ministerio Público sospecha que se habrían utilizado actas societarias apócrifas. Estos documentos no reflejarían lo ocurrido en la realidad e incluían decisiones que la accionista denunciante asegura no haber aprobado ni firmado en ningún momento. Sobre esta base, los investigadores consideran que Bustos se habría excedido en sus facultades como presidente de la sociedad, utilizando documentación presuntamente falsa para ejecutar la venta. Al ser notificado formalmente de estos cargos, el empresario optó por ejercer su derecho a no declarar.