Este viernes se reglamentó la Ley 9692, que crea el denominado Adicional Asesoría de Gobierno, un nuevo plus salarial para los agentes que cumplen funciones de manera normal, habitual y permanente dentro de ese organismo. La norma fue aprobada el 17 de diciembre de 2025 en la Legislatura y comenzará a regir una vez publicada en el Boletín Oficial.

Lejos de una medida vinculada a la eficiencia o a la mejora del servicio público, el adicional beneficia a una estructura ya consolidada del Estado: profesionales y personal administrativo con cargos estables en la Asesoría de Gobierno. Quedan excluidos quienes realizan tareas transitorias o eventuales, reforzando la lógica de premios internos para los mismos de siempre.

El esquema salarial no es menor. El cálculo del plus toma como referencia lo que percibe un agente del Régimen Salarial 05 (Ley 5126), Clase 13, por Asignación de Clase, Adicional por Título y Responsabilidad Jerárquica. A partir de allí, los abogados cobrarán un adicional equivalente al doble de ese monto, mientras que el personal administrativo recibirá la mitad.

En otras palabras, no se trata de un incentivo menor ni de una compensación puntual: es un aumento estructural del gasto en asesores, en un contexto donde el discurso oficial insiste en la necesidad de austeridad, ajuste y orden de las cuentas públicas.

Como si eso fuera poco, la ley habilita al propio Asesor de Gobierno a modificar el monto del adicional, ya sea para incrementarlo o reducirlo, siempre dentro del tope fijado. Cualquier aumento deberá justificarse con "razones objetivas" y disponibilidad presupuestaria, conceptos lo suficientemente amplios como para dejar la puerta abierta a futuros retoques salariales sin demasiada resistencia.

La Ley 9692 fue sancionada en la Honorable Legislatura provincial y enviada al Poder Ejecutivo para su aplicación. Mientras tanto, el contraste es evidente: ajuste para afuera, premios para adentro. Otro capítulo del gasto público que nadie explica, pero que todos terminan pagando.