La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver en los próximos meses si el asesinato de Julieta González, ocurrido en septiembre de 2016, debe ser recaratulado como femicidio. La discusión divide opiniones dentro del máximo tribunal y podría sentar un precedente clave sobre cómo se interpreta la violencia de género en homicidios.

El tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, convocó por sorteo a los jueces federales Rocío Alcalá, de Resistencia, y Gustavo Castiñeira, de la Cámara Federal de Mendoza. La ampliación busca reforzar el análisis de un expediente que podría redefinir los criterios para identificar la violencia de género como agravante penal.

El debate se centrará en determinar si corresponde confirmar o revertir la ampliación de pena a prisión perpetua para Andrés Di Césare, condenado inicialmente a 18 años de prisión por homicidio simple por el Tribunal Penal Colegiado Nº 2 de Mendoza.

Julieta González, de 21 años, fue asesinada a golpes en Cacheuta. Según la investigación, Di Césare la agredió de manera brutal y trasladó su cuerpo en automóvil hasta un descampado de la Ruta 7, donde lo abandonó. La joven desapareció el 21 de septiembre de 2016 y fue encontrada seis días después.

Las pruebas fueron determinantes: el vehículo del acusado contenía sangre de la víctima, bajo las uñas de Julieta se halló ADN de Di Césare y el análisis del celular del imputado reveló que ambos mantenían una relación. Testigos también señalaron que Julieta decía estar embarazada, un dato que podría haber desencadenado la agresión. Además, el teléfono del acusado incluía búsquedas como "cómo deshacerse de un cuerpo" y "prueba de ADN en fetos".

Di Césare reconoció haber discutido con la joven y haberle golpeado la cara, aunque aseguró que luego la dejó y no volvió a verla. A pesar de la evidencia, el tribunal descartó el agravante por violencia de género y lo condenó por homicidio simple. El fallo generó una fuerte reacción de organizaciones feministas que reclamaron la aplicación del femicidio y una pena más severa.

La fiscal Claudia Ríos y la abogada querellante Carolina Jacky apelaron. Jacky recordó el precedente del caso Ángeles Rawson, en el cual la Corte Suprema avaló la condena por femicidio contra Jorge Mangeri, pese a que no existía una relación de pareja con la víctima. Aquella sentencia marcó la primera aplicación del agravante en un contexto similar.

"Hay una obligación de aplicar perspectiva de género en estos casos. Lamentablemente existe un gran desconocimiento", señaló Jacky.

En abril de 2022, la Corte mendocina -integrada por Teresa Day, Pedro Llorente y Dalmiro Garay- confirmó la condena por homicidio simple y rechazó nuevamente el agravante.

Con el expediente ahora en manos de la Corte Suprema de la Nación, la decisión podría reorientar la jurisprudencia argentina sobre femicidio y establecer nuevos parámetros para su aplicación en casos de violencia letal contra mujeres.