En una entrevista con M News Radio / El Observador Mendoza, el director de Minería de la provincia, Jerónimo Shantal, explicó los alcances del proyecto de ley de regalías mineras que actualmente se debate en la Legislatura mendocina. La iniciativa busca establecer un marco normativo transparente, equitativo y sustentable para la actividad minera.

"Mendoza era una de las pocas provincias del país que no tenía ley de regalías. Necesitábamos reglas claras antes de iniciar los proyectos", destacó Shantal.

Según precisó, la propuesta surge de un trabajo comparativo con las normativas de países mineros como Canadá, Australia, Chile y Perú, además de otras provincias argentinas con desarrollo minero. El objetivo principal es materializar cómo, quién y de qué manera se percibirán las regalías, garantizando mayor control y previsibilidad.

"La ley es corta y sencilla, pero establece parámetros básicos sobre percepción, control y destino de los fondos", explicó.

Cómo se distribuirán las regalías

El proyecto establece que el 88% de los fondos recaudados se destinará a rentas generales de la provincia, mientras que el 12% irá al municipio donde se ubique la mina. Dentro del porcentaje provincial, un 15% se asignará a un fondo socioambiental, que fortalecerá la autoridad de contralor y la policía ambiental minera.

"Lo novedoso es la creación del fondo socioambiental, que permitirá reforzar los controles y garantizar un desarrollo responsable", remarcó el funcionario.

Además, el dinero que reciba cada municipio deberá destinarse exclusivamente a obras de infraestructura para las comunidades cercanas al proyecto, y no podrá utilizarse para gastos corrientes.

Qué minas pagarán y cuáles estarán exentas

Shantal aclaró que las minas de tercera categoría, como las que extraen áridos o materiales de construcción, quedan excluidas del pago de regalías porque ya están reguladas en el Código de Procedimiento Minero.

También estarán exentas las micro y pequeñas empresas que cuenten con certificado MiPyME, para evitar que el canon resulte excesivo o inviabilice su actividad.

"Queremos cuidar a los pequeños productores y emprendimientos que no podrían afrontar este tipo de cargas", señaló.

Un esquema que busca incentivar inversiones

La ley nacional 24.196 fija un tope del 3% sobre el valor boca de mina descontados los costos. En Mendoza, el proyecto contempla que si el beneficio se concreta fuera de la provincia, el cálculo se hará sobre el precio de venta, un monto mayor, como forma de incentivar la radicación de toda la cadena de valor en el territorio provincial.

"El 3% puede parecer poco, pero depende del margen operativo de cada mina. Lo importante es atraer inversiones sin perder control ni beneficios para Mendoza", subrayó Shantal.

Finalmente, el funcionario destacó que la actividad minera requiere altas inversiones y niveles de riesgo elevados, por lo que es fundamental ofrecer un marco jurídico estable y competitivo.

El proyecto se encuentra en tratamiento en las comisiones legislativas y podría avanzar hacia su sanción definitiva antes de fin de año, otorgando a Mendoza una herramienta clave para el desarrollo minero sustentable y transparente.