En el marco de una entrevista en MNews Radio, El Observador Mendoza, Daniela García, jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE explicó los alcances del nuevo protocolo provincial para la prevención y abordaje del bullying, una herramienta que busca fortalecer la convivencia escolar y ofrecer respuestas efectivas ante el acoso entre estudiantes.
La resolución, publicada recientemente, fue elaborada por un equipo interdisciplinario con el objetivo de garantizar un abordaje integral y preventivo del problema.
"El docente tiene ahora un paso a paso para actuar, con herramientas claras y acompañamiento institucional", destacó García.
El nuevo documento establece una caracterización precisa de los tipos de bullying, diferenciando entre casos leves, moderados, graves y muy graves. Además, detalla estrategias específicas para los niveles primario y secundario, brindando una guía concreta de intervención ante cada situación detectada.
El protocolo indica cómo actuar frente a casos confirmados: desde la mediación entre alumnos y la comunicación con las familias, hasta la organización de talleres y acuerdos de convivencia que promuevan la reparación del daño.
"No se trata solo de un protocolo o de una ley, sino de una trazabilidad que permita proteger al alumno y al docente", subrayó la funcionaria.
Cada institución educativa deberá realizar un curso obligatorio sobre la aplicación del protocolo. En caso de que las medidas preventivas no sean efectivas, la DGE impulsa una modificación al Código Contravencional de Mendoza para incorporar sanciones específicas a los padres de los agresores.
"Buscamos justicia restaurativa. Primero proponemos trabajo comunitario, pero si no hay compromiso, puede haber sanciones económicas o incluso arresto", explicó García.
El protocolo busca consolidar una política educativa que priorice la prevención, la reflexión y la responsabilidad compartida entre escuelas y familias. Según García, la iniciativa refuerza el rol docente al ofrecer herramientas claras y respaldo institucional ante casos de acoso.
"Necesitamos proteger a los chicos y también a los docentes. Este protocolo es una herramienta concreta para lograrlo", concluyó la titular de la DGE.