En una sesión marcada por la tensión política y sindical, el Senado de Mendoza aprobó este martes la reforma del Estatuto del Empleado Público, con el voto desempate de la vicegobernadora Hebe Casado. El proyecto ya contaba con media sanción de Diputados y se trató sin modificaciones, pese al rechazo de la oposición y de los gremios estatales.

Desde el oficialismo destacaron que la reforma "elimina disposiciones obsoletas y diferencia de derechos", en referencia a una ley vigente desde 1973. Afuera de la Legislatura, ATE y otras organizaciones sindicales se movilizaron contra la medida y prometieron acudir a la Justicia.

Entre los principales cambios, se delimita el alcance del estatuto al personal administrativo de la Administración Central, Legislativo, Fiscalía de Estado e Irrigación, excluyendo a quienes tienen regímenes especiales o integran gabinetes.

Se crea la figura del "personal interino", que tendrá "estabilidad impropia" (derecho a indemnización) pero no "propia" (derecho a reincorporación), salvo que accedan a sus cargos por concurso.

La reforma también modifica el régimen de salarios caídos: deja sin efecto el pago retroactivo cuando una cesantía es revocada, permitiendo en su lugar reclamar daños y perjuicios, con un tope del 50% de la remuneración y hasta 24 meses.

En cuanto a las indemnizaciones, se elimina la escala progresiva que elevaba el cálculo según la antigüedad. A partir de ahora, se abonará el 100% de la remuneración por cada año trabajado, sin importar la cantidad de años.

Otros cambios incluyen la derogación del artículo que otorgaba derecho hereditario a un cargo vacante, y la aclaración de que la antigüedad solo computa servicios en relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo contratos autónomos como locaciones de obra o servicios.

El Gobierno provincial justificó la reforma en razones de responsabilidad fiscal y modernización administrativa, señalando la necesidad de actualizar una norma de hace más de 50 años y unificar criterios frente a fallos contradictorios de la Suprema Corte.

La oposición y los gremios, en cambio, denunciaron un retroceso en derechos laborales y confirmaron que la disputa se trasladará ahora al terreno judicial.