El Senado provincial aprobó este martes, por 20 votos a favor y 17 en contra, una ley que habilita a los municipios de Mendoza a crear cuerpos de seguridad ciudadana con funciones preventivas, disuasivas y auxiliares. La norma autoriza a estos agentes -conocidos como preventores- a portar armas de baja letalidad, incluyendo pistolas Taser, bastones PR-24 y gas pimienta, además de otros elementos como esposas, grilletes y drones.

Uno de los puntos más debatidos fue el artículo 8, que establece el uso de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea, al tiempo que prohíbe expresamente el uso de armas de fuego por parte de estos agentes municipales.

La medida, que ya contaba con media sanción de Diputados, habilita a los preventores a actuar en situaciones de flagrancia, tomar denuncias, requerir documentación, intervenir como primeros respondientes y colaborar en tareas de prevención del delito. Todo esto, siempre bajo autorización del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, actualmente conducido por Mercedes Rus.

La nueva normativa obliga a los municipios a capacitar a sus agentes junto con el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), con énfasis en derechos humanos y no discriminación. Además, se prohíbe que estos cuerpos usen nombres, uniformes o insignias similares a los de la Policía provincial o de las Fuerzas Armadas, para evitar confusión ciudadana sobre su rol.

Desde el oficialismo, se defendió la medida como una herramienta para descentralizar funciones, mejorar la respuesta ante delitos menores y complementar la labor de la Policía de Mendoza, no reemplazarla. "La ciudadanía reclama presencia y respuesta inmediata. Este proyecto va en ese sentido", argumentaron voceros del Ejecutivo.

La oposición votó en bloque en contra del proyecto y advirtió sobre la improvisación en su aplicación, la falta de recursos en muchos municipios y los riesgos de otorgar facultades coercitivas a agentes sin formación policial plena. También expresaron preocupación por una eventual "militarización" de la seguridad pública a nivel local.

Otro punto en debate fue la posible fragmentación del sistema de seguridad, en un contexto de creciente inseguridad y demanda social, lo que obliga a una coordinación estrecha entre los municipios y la Policía provincial.

Con la ley ya sancionada, la implementación queda en manos de cada intendencia, que deberá gestionar autorizaciones, capacitar al personal y adquirir el equipamiento necesario. Esto abre una nueva etapa en el esquema de seguridad mendocino, pero también deja abiertos varios interrogantes: ¿habrá recursos suficientes? ¿Se garantizará el respeto a los derechos civiles? ¿Cómo será la coordinación con las fuerzas policiales provinciales?

En definitiva, la norma marca un cambio estructural en el enfoque de la seguridad pública en Mendoza, con un fuerte componente territorial. Pero su éxito dependerá -como advirtieron voces de ambos lados- no solo del texto legal, sino de la eficacia y responsabilidad con que se implemente.