En busca de la verdad
En busca de la verdad
El gobierno de Trump ha instruido a trabajadores federales a analizar contratos vinculados a la Ley CHIPS en busca de palabras clave asociadas a políticas progresistas, lo que genera preocupación por posibles modificaciones o cancelaciones.
El gobierno de Trump ha instruido a trabajadores federales a analizar contratos vinculados a la Ley CHIPS en busca de palabras clave asociadas a políticas progresistas, lo que genera preocupación por posibles modificaciones o cancelaciones.
Una muestra: inmigrante, indocumentado, ayuda exterior, Green New Deal, cambio climático, diversidad, equidad, racismo, discriminación, transexual, LGBT, aborto, embarazada, control de natalidad y feto. Hay casi 150 términos en total.
Es mucho lo que está en juego: el gobierno asignó más de US$ 5.000 millones al Centro Nacional de Tecnología de Semiconductores para asegurarse de que Estados Unidos no dependa de China ni de ningún otro país en lo que respecta a los chips semiconductores críticos que alimentan todo, desde la inteligencia artificial hasta los coches que conducimos. De ellos, US$ 250 millones se destinarán a la creación de un centro de formación de mano de obra con sede en Silicon Valley.
Los republicanos del Congreso y otros críticos conservadores se quejaron desde que se aprobó la Ley CHIPS que la administración Biden estaba obligando a las empresas estadounidenses a cumplir demasiados requisitos relacionados con la diversidad y otras prioridades progresistas para poder optar a los contratos. La administración Trump podría simplemente estar tratando de modificar los contratos para eliminar esos requisitos.
La posibilidad de que la administración vaya más allá y cancele contratos plantea la perspectiva de que la administración Trump castigue a las empresas por hacer lo que la administración Biden les exigía. Podría significar que no se pudieran construir instalaciones o que el Gobierno no pudiera contratar a universidades para realizar la investigación de vanguardia necesaria. Podría hacer retroceder años el esfuerzo estadounidense.
"La gente no es plenamente consciente del riesgo de que esta administración anule estos contratos y empiece de cero", declaró a CNN una fuente familiarizada con el programa. "Tiene implicaciones para la seguridad nacional, implicaciones para la cadena de suministro".
La Casa Blanca remitió las preguntas de CNN al Departamento de Comercio, que no respondió a una petición de comentarios.
Una de las cuestiones más delicadas es la relación estadounidense con la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, o TSMC, que actualmente opera la única planta de semiconductores en funcionamiento en Estados Unidos. Solo han podido ponerla en marcha trayendo trabajadores cualificados de Taiwán.
"Si [la administración Trump] anula un contrato que les permite traer trabajadores, eso va a ser un gran problema para cualquier empresa que no tenga su sede en Estados Unidos, y específicamente para TSMC", dijo la fuente.
Otra preocupación para el esfuerzo de construir más chips es el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk. El personal del DOGE estuvo yendo casi puerta por puerta en el Gobierno federal recortando programas y exigiendo acceso a procesos y sistemas. Según fuentes de CNN, todavía no llamaron a la puerta de la oficina de CHIPS en el Departamento de Comercio, sino que se centraron en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y otras áreas.
Pero uno de los mayores retos a la hora de construir chips era convencer a las empresas privadas de que revelaran información sensible sobre sus negocios al Gobierno federal, con la promesa de que se mantendría bajo llave. Compañías como TSMC, Intel, Micron y otras empresas de envasado avanzado entregaron proyecciones financieras, planes de crecimiento, modelos internos e información sobre lo avanzado de su investigación y desarrollo; es decir, los secretos comerciales que les permiten seguir siendo competitivas.
Las empresas no estaban contentas con tener que entregar todo eso durante el proceso, pero recibieron garantías de que se mantendría a salvo de competidores y del público. El hecho de que el propio Musk sea un contratista federal y propietario de múltiples empresas tecnológicas añade una capa de preocupación potencial para las empresas que entregaron información al Gobierno.
"Nadie previó que Elon Musk pudiera entrar y volar la cerradura de la caja fuerte", dijo la fuente familiarizada con el programa.
El presidente estadounidense aseguró este lunes que si Hamás no reanuda el canje de rehenes antes del sábado "se va a abrir el infierno" sobre la organización islamista.
