Desarrollado en la provincia de San Juan por la alianza estratégica entre Lundin Mining y BHP, el Proyecto Vicuña es una de las grandes promesas globales para la transición energética. Sin embargo, el debut de sus contratos de infraestructura encendió las luces de alerta en el entramado industrial y las economías regionales de la Argentina, que esperaban que un desembolso de semejante escala funcionara como el gran motor de reactivación local.

Las cifras del coloso minero y el contrato de la discordia

El malestar de los empresarios locales no responde a un contrato menor; se trata de la infraestructura base para poner en marcha una de las mayores apuestas cupríferas del planeta:

• Inversión inicial estimada: US$ 7.100 millones.
  
• Proyección de producción: Cerca de 395.000 toneladas de cobre anuales, sumado a importantes volúmenes de oro y plata.
  
• Vida útil del yacimiento: Superior a los 25 años.
  
• La obra de la polémica: Un complejo modular de 45.000 metros cuadrados de construcción que demandará más de 4.500 toneladas de acero.
  

Según la información trascendida, el 100% de la ingeniería modular, los componentes constructivos y el acero llegarán en barco desde el exterior. La participación de metalúrgicas, fabricantes nacionales de estructuras y contratistas de servicios locales en esta etapa será prácticamente nula.

El reclamo de los constructores: ¿Inversión con derrame o enclave cerrado?

Desde la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada (CACMI) salieron fuertemente a cruzar la decisión por el peligroso precedente que fija para las futuras licitaciones del proyecto. El argumento central del sector es que el principal respaldo social y político a la minería a gran escala es, precisamente, su capacidad para traccionar a las pymes locales y generar empleo calificado en el territorio.

"La minería tiene una oportunidad histórica para convertirse en un verdadero motor de desarrollo para la Argentina. Pero para que eso ocurra, las inversiones deben generar empleo, fortalecer proveedores nacionales y dejar capacidad instalada en las regiones donde operan. Si el proyecto minero más importante de la historia comienza sin proveedores argentinos, sin acero argentino y sin trabajo argentino, es momento de preguntarnos cuál será el verdadero impacto de estas inversiones", advirtió Juan Pablo Rudoni, presidente de la CACMI.

Un vacío regulatorio bajo la lupa industrial

La controversia reabre una discusión histórica y estructural para el futuro de la minería en el país: la falta de esquemas o normativas de "compre nacional" eficientes que obliguen a las multinacionales a contemplar porcentajes mínimos de integración local en sus proyectos de escala global, o que al menos permitan a las empresas argentinas competir en igualdad de condiciones financieras y fiscales frente a los gigantes estatales asiáticos.

Para buena parte de la industria metalúrgica y constructora, el campamento de Vicuña es una señal de alerta temprana. El temor generalizado es que si la primera gran obra de infraestructura civil se consolida como un paquete cerrado de importación, el mismo patrón de exclusión podría repetirse en los miles de millones de dólares que el proyecto demandará en los próximos años en materia de logística, montaje industrial, equipamiento pesado y conectividad.