A partir de 2026, quienes viajen a la provincia italiana de Bolzano acompañados por sus mascotas tendrán que abonar un recargo diario de 1,50 euros por perro. Según las autoridades, el dinero recaudado se destinará a reforzar la limpieza urbana y a la creación de nuevos espacios verdes pensados especialmente para los animales de compañía.
La decisión llega después de la controvertida normativa que obligó a los dueños a registrar el ADN de sus perros, con el fin de identificar a quienes no recojan los desechos en la vía pública. En la actualidad, las multas por incumplir esa obligación alcanzan los 600 euros.

"Una medida justa"

El consejero provincial Luis Walcher, impulsor de la iniciativa, defendió el nuevo tributo:
"No puede ser que toda la comunidad pague por la suciedad que generan los perros. Es justo que el costo recaiga únicamente en sus propietarios".
Walcher también confirmó que aquellos que ya cumplieron con el registro genético de sus mascotas quedarán exentos del impuesto durante dos años.

Críticas del movimiento animalista

La medida desató fuertes críticas de asociaciones protectoras. Carla Rocchi, presidenta de la ENPA (Ente Nacional de Protección Animal), cuestionó la estrategia:
"Tras el fracaso del proyecto del ADN canino, en lugar de promover educación cívica y controles efectivos, se opta nuevamente por cargar a los animales y a sus familias con un nuevo impuesto".
Para Rocchi, la medida daña tanto a residentes como a visitantes:
"La provincia se perjudica a sí misma. Penaliza a quienes eligen un turismo responsable y envía un mensaje equivocado: tratar a los animales como contribuyentes".

Riesgos y consecuencias

Las organizaciones advierten que esta política podría desincentivar el turismo pet-friendly, un sector en crecimiento, y afectar a la imagen de una región que vive en gran parte de la hostelería y el turismo. Además, sostienen que los nuevos gravámenes no solucionan los problemas de convivencia y podrían, incluso, fomentar el abandono animal.
En definitiva, Bolzano abre un debate de fondo: ¿es legítimo trasladar a los perros y a sus dueños la responsabilidad de financiar la limpieza urbana, o se trata de una forma encubierta de restringir la presencia de mascotas en los espacios públicos?