Ese fracaso también tiró por tierra la esperanza de los promotores de dejar sin efecto la reforma previsional, después de que Macron decidiera el jueves pasado hacerla aprobar al utilizar el artículo 49.3 de la Constitución, que le permitió evitar un incierto resultado si la hubiera sometido a la votación de la Cámara de Diputados.

A pesar del voto masivo de los partidos de izquierda –reunidos en la Nupes–, de la extrema derecha de la Reunión Nacional, de una mayoría de diputados del grupo LIOT e, incluso, de una parte de la derecha de Los Republicanos (LR) y de ciertos no inscriptos, el texto que inquietaba desde hace días al Ejecutivo y a su mayoría relativa no fue adoptado.

En esas condiciones, la impopular reforma sobre las jubilaciones que ha agitado a Francia desde enero tiene grandes posibilidades de ser adoptada, incluso antes de la otra votación que espera a la Cámara: la moción de censura presentada por la Reunión Nacional (ex Frente Nacional de la ultraderechista Marine Le Pen). Un texto que, ya se sabe, la mayoría de los parlamentarios no piensan votar.

Su objetivo es retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, en lugar de 42, para cobrar una pensión completa, pese a que dos de cada tres franceses, según los sondeos, lo rechazan.

Francia tiene una de las edades de jubilación más bajas de la Unión Europea (UE) y, en un contexto de mayor esperanza de vida, el gobierno defiende que la reforma permitirá lograr el “equilibrio” en la caja de las pensiones para 2030.

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