Víctor Pérez Gómez, uno de los 19 tripulantes del avión varado en Ezeiza por su supuestos vínculos con el terrorismo internacional, inició el contraataque venezolano y denunció penalmente al director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski, acusándolo de ser el responsable de un "allanamiento ilegal" a la aeronave el viernes pasado, cuando el Boeing 747 llevaba cuatro días en el aeropuerto de Ezeiza, pero el caso todavía no se había judicializado.

Es la primera reacción de uno de los protagonistas centrales de este caso, que son los 14 venezolanos y cinco iraníes que esperan en un hotel de Canning una definición de la Justicia. El contrataque consistió en denunciar a un funcionario del gobierno argentino dando su versión de los hechos desde que el avión entró en la Argentina.

La Justicia se centra en las cajas negras del avión y los celulares de los tripulantes

Argentina

A una semana del inicio de la investigación judicial donde también está involucrada la tripulación de venezolanos e iraníes, ¿cómo seguirá la causa, que se mantiene bajo secreto de sumario? En el último operativo, la Justicia secuestró dos cajas negras que se suman a 18 teléfonos celulares, siete computadoas portátiles y cinco tablets que ya están siendo analizadas. La Justicia busca determinar si existe un vínculo con las fuerzas revolucionarias de Irán.

Mientras tanto, el juez federal Federico Villena revisa las computadoras y teléfonos de los 19 (que comparten los mismos abogados) y cruza bases de datos internacionales para determinar si efectivamente están relacionados con el terrorismo islámico.

Además de pasajero del avión de Emtrasur, Pérez Gómez es el gerente general de operaciones de esa compañía, que es parte del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) y está sancionada en Estados Unidos desde febrero de 2020. Pérez Gómez pidió ser querellante en la causa y ser reconocido como víctima.

Para la fiscalía, el abuelo que mató a su nieto se excedió en su defensa al darle cinco disparos

Policiales

El fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, justificó este viernes la excarcelación que se le concedió al militar retirado que asesinó de cinco balazos a su nieto en esa ciudad bonaerense, al asegurar que existió un exceso en la legítima defensa, ya que el joven lo había golpeado momentos antes, aunque aclaró que se deberá "seguir investigando" para ver si la calificación legal "cambia o se mantiene".

Glinski y su gente son los únicos funcionarios argentinos a los que apuntó. También criticó a Shell (dice que el avión tenía el trámite completo para cargar combustible, pero que la petrolera les informó que no lo iba a abastecer sin dar una “razón concreta”) y cuestiona con especial dureza a Uruguay por su decisión de no dejarlos aterrizar en Montevideo. “No solo puso en peligro la seguridad operacional del vuelo que previamente había aprobado, sino que estando en conocimiento de las limitaciones de combustible con que partimos desde el aeropuerto de Ezeiza, criminalmente impidieron una escala técnica, pactada internacionalmente”, dijo Pérez Gómez de los funcionarios uruguayos.

Desde la PSA sostienen que la denuncia no tiene asidero. “Tenemos la posibilidad de revisar todos los vuelos no regulares y lo hacemos muy frecuentemente”, sostuvieron en el organismo.

"Los funcionarios de la PSA actuaron sin advertir a la autoridad judicial competente y menos aún sin mediar ningún tipo de orden judicial que lo habilite a allanar el avión de bandera extranjera", sostuvo Pérez Gómez en su denuncia contra la PSA.