La Cámara Federal de Casación Penal confirmó un duro golpe judicial contra Cristina Fernández de Kirchner al rechazar el último intento de su defensa para frenar el decomiso de sus bienes en la causa Vialidad. El máximo tribunal penal del país avaló la continuidad del proceso en Comodoro Py y ratificó que el patrimonio de la ex presidenta y del empresario Lázaro Báez deberá ser ejecutado hasta cubrir la cifra de $684.990 millones, monto actualizado del perjuicio ocasionado al Estado.

El fallo, firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, desestimó los planteos de las defensas que pretendían trasladar la ejecución patrimonial al fuero civil. De este modo, el Tribunal Oral Federal N° 2, que condenó a la ex mandataria por administración fraudulenta, seguirá a cargo del procedimiento de decomiso.

Los magistrados recordaron que el decomiso "es una consecuencia penal de la condena y no una acción civil", destacando que su finalidad es privar a los responsables de los efectos económicos del delito y recuperar para la comunidad los activos obtenidos ilícitamente. Según el fallo, la medida busca restaurar el equilibrio social vulnerado por una estructura de corrupción enquistada en el aparato estatal entre 2003 y 2015.

El fiscal Mario Villar había solicitado que no se dilate más el proceso, advirtiendo que los condenados, entre ellos Cristina Kirchner, Báez, José López y Nelson Periotti, no depositaron un solo peso en la cuenta judicial abierta para el pago del monto establecido.

De acuerdo con los peritos contables de la Corte Suprema, el daño económico al Estado fue estimado inicialmente en $85.000 millones, pero actualizado a valores presentes asciende a casi $685.000 millones. La cifra deberá ser afrontada de manera solidaria entre todos los condenados. En su resolución, la Sala IV remarcó que el decomiso "se ha transformado en un instrumento indispensable para erradicar las estructuras saqueadoras enquistadas en el Estado", y reafirmó que los bienes mal habidos deben ser devueltos al erario público.

El fallo también destaca el carácter ejemplificador del proceso: "El derecho penal debe recuperar los bienes del erario público indebidamente apropiados para restaurar el equilibrio social vulnerado", sostuvieron los jueces. La decisión consolida así el carácter penal del decomiso y reafirma la competencia del TOF N° 2 para ejecutar la sentencia.

El kirchnerismo había buscado durante meses postergar la ejecución bajo el argumento de una supuesta "persecución judicial", pero la Casación cerró definitivamente esa puerta. La decisión no solo tiene peso jurídico, sino también simbólico y político, al representar un mensaje de que la corrupción en el poder tiene consecuencias concretas y patrimoniales.

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