En busca de la verdad
En busca de la verdad
El Ejecutivo pactó con el sector la suspensión temporal del decreto de desregulación y abrió una mesa de diálogo tras un conflicto que dejó más de 140 buques varados y puso en jaque la cadena logística y energética.
Tras intensas negociaciones, el Gobierno nacional alcanzó un entendimiento con los representantes del sector de practicaje que permitió el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación y destrabó la operación de más de 140 buques mercantes que permanecían inmovilizados en distintos puntos del país. Como eje central del acuerdo, se acordó una reducción del 20% en las tarifas y la suspensión temporal del decreto que había modificado el régimen de la actividad, abriendo una instancia de revisión conjunta.
El conflicto, que escaló con rapidez debido a la imposibilidad de aplicar una conciliación obligatoria convencional -dado que los prácticos operan como profesionales independientes o mediante firmas habilitadas-, comenzó a resolverse tras las tratativas encabezadas por la administración central. Como parte de los términos acordados, el Ejecutivo frenará la aplicación de la nueva normativa y conformará una mesa de trabajo coordinada por la administración nacional, con la participación de las carteras de Seguridad, Defensa y organismos competentes, para debatir los aspectos operativos, de seguridad y tarifarios que motivaron el rechazo del sector.
La paralización del servicio de practicaje -vital para asesorar a los capitanes en las complejas maniobras de ingreso, salida y tránsito por los ríos, canales y puertos- generó un cuello de botella de gran magnitud en terminales estratégicas como Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova.
El daño colateral más crítico se sintió con fuerza en el abastecimiento energético. La interrupción operativa frenó el ingreso de petróleo crudo a refinerías clave, obstaculizó el despacho marítimo de combustibles hacia los centros de distribución y paralizó envíos de exportación. Con especial atención se monitoreó la situación en la Patagonia sur, una región altamente dependiente del combustible refinado despachado desde los puertos bonaerenses y bahienses.
Si bien el entendimiento trajo alivio a las cámaras empresarias y normalizó el flujo comercial, el comunicado oficial dejó varios interrogantes abiertos. Hasta el momento no se precisó mediante qué instrumento jurídico se formalizará la suspensión del decreto ni el plazo de vigencia de dicha interrupción. Asimismo, persisten dudas en torno a la aplicación de la rebaja tarifaria del 20%, ya que el texto difundido no detalla sobre qué cuadro de precios exacto recaerá el recorte, si alcanzará de manera uniforme a todos los servicios y zonas de navegación, o desde qué fecha exacta comenzará a regir.
El sistema de practicaje y pilotaje, regulado desde 1991 como un servicio público esencial vinculado a la seguridad náutica, enfrentaba un proceso de profunda transformación. El decreto desregulatorio impulsado por Nación buscaba ampliar la competencia, flexibilizar traslados, fijar topes y acotar la obligatoriedad del servicio con el argumento de abaratar costos logísticos. Por el contrario, los profesionales advertían sobre la vulneración de controles técnicos y el incremento de riesgos en las maniobras. La nueva mesa de diálogo tendrá ahora la compleja misión de equilibrar la competitividad portuaria y los estándares de seguridad en las vías navegables del país.
