Las autoridades han profundizado la investigación sobre individuos registrados bajo el régimen tributario simplificado ("monotributo") vinculados a Sur Finanzas, congelando cientos de cuentas presuntamente utilizadas para mover fondos de origen dudoso. Según la DGI (la AFIP argentina), se trata de contribuyentes "falsos" supuestamente insertados en un circuito financiero diseñado para ocultar a los verdaderos dueños de los fondos.

Las medidas impactan no solo a estos "monotributistas" sino también al financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, y a su familia, con congelamientos de activos y órdenes para identificar bienes registrados en múltiples agencias.

La investigación, que abarca tribunales federales, se centra en las transacciones de jóvenes registrados en las categorías más bajas del "monotributo" quienes, a pesar de carecer de capacidad económica visible, manejaron sumas multimillonarias a través de billeteras virtuales y cuentas conectadas a Sur Finanzas. La DGI caracterizó el esquema como dependiente de "contribuyentes apócrifos", señalando la discrepancia entre los ingresos declarados y los fondos transados.

Un ejemplo destacado es Ignacio M., un "monotributista" en la categoría D. En 2024, facturó solo $4.937.394, pero movió $87 mil millones a través de billeteras virtuales y $39 mil millones en transacciones relacionadas con Sur Finanzas. Los registros indican que manejó $255 millones en efectivo, $7.9 mil millones en transferencias bancarias y $84.2 mil millones en transferencias virtuales. El joven de 31 años, registrado como "creador digital", adquirió un BMW 240i valorado en $98 millones en julio de 2025.

Otro individuo bajo escrutinio es Emilio V., registrado en la categoría A. En 2024, movió $14 mil millones a través de billeteras digitales, a pesar de declarar solo un automóvil modelo 2006 como su patrimonio. Presuntamente transfirió $670 millones en efectivo, $7.8 mil millones a través de transacciones bancarias y $13 mil millones en transacciones virtuales.

La investigación también descubrió otros casos que involucran montos igualmente altos: Ana Lucía S. movió $17 mil millones; Erica C., $5.2 mil millones; Benjamín G., $5.2 mil millones; Pilar Y., $10 mil millones; Natalia C., $1.98 mil millones; y Gonzalo R., $13 mil millones. En todos los casos, la DGI argumenta que estas personas carecen de la sustancia económica para justificar las transacciones registradas.

Los investigadores destacan un patrón recurrente: "Individuos con importante efectivo físico realizan transferencias a cuentas de Sur Finanzas que operan con criptomonedas", según informes incluidos en el expediente del caso.

Junto con las acciones dirigidas a los "monotributistas", el tribunal ordenó medidas para preservar los activos de Ariel Vallejo y su familia inmediata conectados a la firma financiera. El objetivo es evitar la pérdida de activos que podrían ser producto de los esquemas investigados.

La resolución incluye notificaciones a una amplia gama de agencias, incluyendo registros de la propiedad, registros de automotores, organismos de control corporativo, registros marítimos y de aviación, el Jockey Club, el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF). Se instruyó al BCRA y a la UIF para que notifiquen a las entidades bancarias, financieras, crediticias y de información comercial.

También se enviaron notificaciones a la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Valores, el Depósito de Valores y BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), instruyéndolos a informar sobre cualquier acción registrada a nombre de las personas bajo investigación y a registrar la medida cautelar en consecuencia.

Las medidas se extienden a Sur Finanzas PSP S.A., Graciela Beatriz Vallejo, Maximiliano Ariel Vallejo y María Fernanda Sena Argis. Además de congelar las cuentas, el tribunal solicitó a todas las agencias mencionadas que informen si estas personas o entidades poseen algún bien registrable bajo su propiedad.

El caso es parte de una investigación más amplia sobre presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas, donde la DGI había detectado previamente transacciones multimillonarias, empresas sin empleados y facturación cruzada entre empresas dentro del mismo grupo. Al centrarse en estos "monotributistas" "fantasma", los fiscales pretenden reconstruir el flujo de dinero e identificar a los verdaderos beneficiarios del esquema.