El fiscal federal Abel Córdoba, acompañado por su auxiliar Juan Manuel Gasset, pidió al Tribunal Oral Federal 4 la condena a cinco años de prisión para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, acusado de ser coautor de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y de cohecho pasivo. El mismo pedido recayó sobre el exsecretario de Obras Públicas José López y el exgerente general de Nación Fideicomiso, Néstor Ulloa.

Durante tres audiencias, la Fiscalía sostuvo que existió un acuerdo entre funcionarios del Ministerio de Planificación y directivos de Skanska para adjudicar de manera irregular la ampliación de los gasoductos norte y sur. Según Córdoba, el mecanismo consistió en manipular procesos de selección para favorecer a la empresa sueca, que obtuvo contratos millonarios con sobreprecios y pagó sobornos a través de una red de facturación falsa.

Los contratos cuestionados superaron los 21 millones de pesos en los loops del Gasoducto Norte, 26 millones en la planta compresora de Onfunes y 291 millones en la ampliación del gasoducto sur. La Fiscalía calculó sobrecostos por más de 47 millones de dólares.

El rol de De Vido, según la acusación, fue central en el diseño y coordinación del esquema desde su posición ministerial. Ulloa, por su parte, habría actuado como administrador clave de los fondos fiduciarios, garantizando la continuidad de las obras aún frente a objeciones por desvíos presupuestarios.

El fiscal también pidió 4 años y medio de prisión para el exCEO de Skanska en Argentina, Mario Piantoni, y para otros directivos de la compañía. En cambio, solicitó la absolución de una veintena de imputados por falta de pruebas, entre ellos exapoderados de empresas proveedoras acusadas de facturación apócrifa.

Para Córdoba y Gasset, la operatoria de Skanska fue parte de un sistema empresarial "habitual y sistemático" de corrupción en la obra pública, que combinó intereses privados y estatales en perjuicio del erario público.